RALEIGH (June 2, 2023) – With the assistance of Legal Aid of North Carolina’s Farmworker Unit and the North Carolina Justice Center, three farmworkers reached a settlement for their case against farm labor contractors José M. Gracia Harvesting, Inc., José M. Gracia, and Gracia & Sons, LLC (Gracia Defendants) based in Four Oaks, North Carolina, for human trafficking and unpaid overtime wages. The settlement agreement, which just received approval by U.S. District Court Judge Terrence Boyle, requires the Gracia Defendants to pay the Plaintiffs $102,500, plus attorneys’ fees and costs. Defendants are additionally court-ordered to make extensive changes to how they do business in the future.
The Plaintiffs, all women, were employed through the federal H2A visa program. During their employment with the Gracia Defendants, Plaintiffs allege they were paid for only a fraction of the long hours they worked cooking meals for farmworkers, while being subjected to poor and abusive working conditions. The Plaintiffs allege agents of the Gracia Defendants recruited them from Mexico to work for Defendants in North Carolina as agricultural workers. The Plaintiffs incurred significant debts for their visas and travel and, upon arrival in North Carolina, learned they were required to work in the Defendants’ kitchens preparing and selling food while the male H2A workers earned higher wages working in the field. Because they were working as camp cooks for their labor contractor employer rather than in the field doing agricultural labor, the Plaintiffs should have been paid one and a half times their regular rate of pay for their overtime hours. Instead, they allege, Gracia Defendants did not pay them at all for their overtime hours.
In their lawsuit, the Plaintiffs state that Defendants confiscated their passports, threatened them with criminal and immigration consequences if they were to leave, and forced them to work in an environment with verbal and physical abuse, sexual harassment, unpaid wages, extremely long hours, and food deprivation. One of the Plaintiffs fled almost immediately, while the other two allege they worked upwards of 100 hours a week with no overtime pay. In the complaint, one Plaintiff describes suffering intentionally inflicted burns and other physical injuries and being prevented from leaving the migrant camp.
In addition to the financial settlement, the Gracia Defendants must post signs in their labor camps in Spanish and English, reinforcing the rights of housing occupants to have visitors. They are required to post additional signage published by the North Carolina Human Trafficking Commission advising workers of emergency resources and develop and disseminate a comprehensive sexual harassment and sexual assault policy. Additionally, the Defendants must post signs explaining that persons employed as cooks are entitled to overtime pay, use an electronic timekeeping system for camp cooks, and pay overtime to all cooks. The Defendants are prohibited from possessing or controlling their employees’ passports or identification documents and are required to provide timely reimbursement to all their H2A workers for their travel and visa expenses.
One of the Plaintiffs, Yesica Velasco-Lopez, explained, “It was important for us to come out of this case making the future better for others that come to work after us. Other workers won’t have to suffer like we did.”
“It was important for there to be signs up in the labor camps with phone numbers that workers can call for help,” Velasco-Lopez continued. “Workers should not be afraid if they need information about their rights. There are people that can help them.”
FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Carol Brooke, Senior Attorney, North Carolina Justice Center, carol@ncjustice.org, 919-856-2144; Caitlin Ryland, Managing Attorney, Legal Aid of North Carolina Farmworker Unit, caitlinr@legalaidnc.org, 919-856-2180
Comunicado de prensa: 3 cocineras para trabajadores agrícolas representados por la División de Trabajadores Agricolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte y el Centro de Justicia de Carolina del Norte resuelven sus reclamos de trata de personas y robo de salarios con Gracia Harvesting, Inc.
RALEIGH (2 de junio, 2023) – Con la asistencia de la División de Trabajadores Agricolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte y el Centro de Justicia de Carolina del Norte, tres cocineras para trabajadores agrícolas llegaron a un acuerdo para su caso contra sus contratistas de trabajadores agrícolas José M. Gracia Harvesting, Inc., José M. Gracia y Gracia & Sons, LLC (Demandados de Gracia) con sede en Four Oaks, Carolina del Norte, por trata de personas y salarios de horas extras no pagados. El acuerdo de conciliación, que acaba de recibir la aprobación del juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Terrence Boyle, requiere que los Demandados de Gracia paguen a los Demandantes $ 102,500, más los honorarios y costos de los abogados. Además, los Demandados recibieron una orden judicial que les obliga a realizar cambios extensos en la forma en que hagan negocios en el futuro.
Las Demandantes, todas ellas mujeres, fueron empleadas a traves del programa federal de visas H-2A. Durante su empleo con los Demandados de Gracia, las Demandantes alegan que se les pagó solo por una fracción de las largas horas que trabajaron cocinando comidas para los trabajadores agrícolas mientras estaban sujetas a condiciones de trabajo deficientes y abusivas. Las Demandantes alegan que agentes de los Demandados de Gracia las reclutaron desde México para trabajar para los Demandados en Carolina del Norte como trabajadores agrícolas. Las Demandantes incurrieron en deudas significativas por sus visas y viajes y, al llegar a Carolina del Norte, se enteraron de que se les exigió que trabajaran en las cocinas de los Demandados preparando y vendiendo alimentos, mientras que los trabajadores masculinos H2A ganaban salarios más altos trabajando en el campo. Debido a que estaban trabajando como cocineras en el campamento para su empleador contratista en lugar de en el campo haciendo trabajo agrícola, a las Demandantes se les debería haber pagado una vez y media su tarifa regular de pago por sus horas extras. En cambio, alegan que los Demandados de Gracia no les pagaron en absoluto por sus horas extras.
En su demanda, las Demandantes afirman que los Demandados confiscaron sus pasaportes, les amenazaron con consecuencias penales y de inmigración si se iban y les obligaron a trabajar en un ambiente bajo abuso verbal y físico, acoso sexual, salarios no pagados, horas extremadamente largas y privación de alimentos. Una de las demandantes huyó casi de inmediato, mientras que las otras dos alegan que trabajaron más de 100 horas a la semana sin pago de horas extras. En la demanda, una demandante describe haber sufrido quemaduras infligidas intencionalmente y otras lesiones físicas y que se le impidió abandonar el campamento de migrantes.
Además del acuerdo financiero, los Demandados de Gracia deben colocar letreros en sus campos de trabajo en español e inglés, reforzando los derechos de los ocupantes de la vivienda a tener visitas. Se les exige que coloquen letreros adicionales publicados por la Comisión de Trata de Personas de Carolina del Norte que informen a los trabajadores sobre los recursos de emergencia y desarrollen, y difundan, una política integral de acoso sexual y agresión sexual. Además, los Demandados deben colocar letreros que expliquen que las personas empleadas como cocineros tienen derecho al pago de horas extras, usar un sistema electrónico de registro del tiempo para los cocineros del campamento y pagar horas extras a todos los cocineros. Los Demandados tienen prohibido poseer o controlar los pasaportes o documentos de identificación de sus empleados y están obligados a proporcionar un reembolso oportuno a todos sus trabajadores H-2A por sus gastos de viaje y visa.
Una de las Demandantes, Yesica Velasco-Lopez, explicó, “Fue importante para nosotros salir de este caso mejorando el futuro para otros que vienen a trabajar después de nosotros. Otros trabajadores no tendrán que sufrir como nosotros. “Fue importante que se pusieran carteles en los campamentos con números de teléfono a los que los trabajadores puedan llamar para pedir ayuda”, dijo Velasco-Lopez. “Los trabajadores no deben tener miedo si necesitan información sobre sus derechos. Hay personas que pueden ayudarlos.”